En todas las comunidades autónomas españolas la educación pública está siendo sometida a las políticas de recorte, generando una alta conflictividad social; siendo las movilizaciones de los profesores madrileños contra la reducción de plantillas y las protestas estudiantiles por los recortes en educación, brutalmente reprimidas por la policía en Valencia, claros exponentes mediáticos de dicho conflicto.
En la Región de Murcia, el alumnado, las familias y los profesionales sufrimos las consecuencias de las restricciones presupuestarias, y de la Ley de Recortes promulgada el curso pasado. Durante el pasado mes de diciembre, la comunidad educativa denunció el recorte del 13% en los gastos de funcionamiento de los centros públicos de enseñanza que se desprendía de los presupuestospara 2012. En estos momentos, los centros aún no han percibido una parte delos ingresos que la Consejería les adeuda del año pasado, y no saben con qué dinero podrán contar a lo largo del presente año para afrontar sus gastos corrientes.
En enero, la Administración regional “devolvía” a los empleados públicos parte de las retribuciones recortadas un año atrás, pero mantenía en vigor todos las demás “medidas extraordinarias”, incumpliendo su propio compromiso de derogarlas a fecha de 31 de diciembre. La solución de esas cuestiones –particularmente el retorno a la jornada laboral de 35 horas- se condicionaba a una negociación en el plazo de un mes con los interlocutores sindicales. De esa hipotética negociación dependía la recuperación del Pacto por la Educación, suspendido por el tijeretazo, que contenía, entre otros aspectos, planes de inversiones en los colegios e Institutos, y mejoras en las condiciones en que alumnos y profesores desarrollan sus tareas, así como ayudas sociales para las familias y para los profesionales.
El pasado 16 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó un aumento de jornada para los funcionarios, que conlleva reducciones de plantillas y restricciones de derechos laborales en todos los ámbitos de la función pública. Como consecuencia de esta decisión política, durante las próximas semanas se van a implementar en el sector educativo medidas como el aumento general de horas lectivas o la eliminación de la reducción horaria para docentes mayores de 55 años, que se traducirán en una pérdida de mil trescientos o más puestos de trabajo. Ya no caben dudas acerca del modo de “ahorrar” 17 millones de presupuesto en gastos de personal: mediante una nueva edición del tijeretazo, pisando una vez más la dignidad de los docentes.
La aplicación de estas medidas constituye un ataque a la escuela pública, una muestra evidente de que la voluntad del Gobierno regional está muy lejos de devolver a los usuarios y a los profesionales de la educación aquello que les corresponde por derecho. Las medidas afectan de manera especial al colectivo de docentes interinos, que ya desde el inicio del curso vienen padeciendo la cicatería de la Administración a la hora de cubrir plazas vacantes y sustituciones. Con lasnuevas medidas de recorte, cientos de ellos perderán su empleo. Además, la Consejería de Educación se propone decretar el cese de sus contratos en junio, con vistas a ahorrarse el pago -a que todo empleado público tiene derecho- de un periodo de vacaciones proporcional al tiempo trabajado.
Debemos combatir el mensaje de resignación que difunden quienes pretenden que estas decisiones sean aceptadas pasivamente. No es verdad que los recortes sean inevitables en el actual contexto de crisis; esos recortes forman parte de una estrategia política que persigue el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y, señaladamente, la degradación del servicio educativo.
Hay otras alternativas frente a la crisis que, en lugar de someter las políticas sociales a la voracidad de los mercados, procuren la satisfacción de las necesidades sociales. Para salir de la crisis no se debe recortar sino incrementar la inversión en educación, porque la formación de las jóvenes generaciones es esencial para el futuro de la sociedad.Debemos denunciar unas políticas que, en lugar de garantizar una educación de calidad para todos, promueven su deterioro, al tiempo que favorecen procesos de privatización. Enviar al desempleo a cientos de profesores y aumentar las deficiencias de la educación pública es, sencillamente, suicida.
Todos los puestos docentes son necesarios si queremos garantizar una educación de calidad, y éste es el motivo por el cualen la Región de Murcia, al igual que en Madrid, en Valencia y en otras comunidades, se están organizando protestas. No se trata de regatear por una o dos horas lectivas más, sino de denunciar unas restricciones presupuestarias y una pérdida de puestos de trabajo que son imprescindibles para asegurar la calidad de la enseñanza. Se trata de hacer frente a unas medidas que suponen la reducción de un 10% de las plantillas de los centros públicos de enseñanza.
La plataforma SOMOS EDUCACIÓN PÚBLICA hace un llamamiento a toda la comunidad educativa a participar en las movilizaciones convocadas en contra de los recortes, en apoyo a los docentes que están en situación laboral más precaria y en defensa de una educación pública de calidad para todos. Con ese mensaje, el próximo miércoles 29 de febrero, saldremos a la calle secundando la convocatoria de movilización europea por el empleo y los derechos sociales.
José Miguel VIPOND GARCÍA.
Profesor de Secundaria, miembro de la plataforma SOMOS EDUCACIÓN PÚBLICA.
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